Por el Derecho a Morir Dignamente.


El término eutanasia deriva del griego: “eu”(bien) y “thanatos”(muerte). Se trata de todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en personal médico o en individuos cercanos al enfermo, y que ocasiona la muerte inmediata de éste con el fin de evitarle sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de su vida.
El concepto de DIGNIDAD HUMANA se invoca tanto para defender la eutanasia como para rechazarla.
Así, para los defensores de la eutanasia, la dignidad humana del enfermo consistiría en el derecho a elegir libremente el momento de la propia muerte; para sus detractores, la dignidad humana obliga a oponerse a la eutanasia, por considerarlo una arbitrariedad humana frente a un problema moral, fundamentado en la religión, para ellos la elección de la muerte es una decisión exclusivamente Divina.
Evidentemente, tras este uso equívoco del término dignidad humana subyacen distintas concepciones del ser humano, de la libertad, de la ciencia médica y del conjunto de los derechos humanos.
Según Paul Kurzt: La eutanasia descansa sobre un principio ético básico para la democracia: el derecho a la privacidad. Este tiene su raíz en la idea de libertad personal. Adquiere mayor significado en las sociedades abiertas, pluralistas y democráticas, donde coexisten posturas, creencias religiosas, y sistemas de valores contrapuestos, y donde tenemos la obligación de ser tolerantes con las diferentes convicciones éticas.
El derecho a la privacidad es un principio ético general “prima facie” ganado recientemente. La gente no reconoció su autenticidad sino hasta, digamos, dos o tres siglos atrás. El derecho a la privacidad es un derecho humano según el cual la sociedad debe respetar la opción que tiene un individuo para manejar su propia vida. El cuerpo de una persona, sus posesiones, creencias, valores, acciones y conducta son zonas donde la sociedad no debería entrometerse sin una buena razón.
El derecho a la privacidad, por lo tanto, depende del valor que le otorguemos a la autonomía personal, es decir, a la libertad de elección voluntaria y al reconocimiento de la importancia de la responsabilidad individual. El derecho a la privacidad no es ilimitado y, bajo ciertas condiciones, la sociedad tiene autoridad para restringirlo ateniéndose al bien común. Sin embargo, es un principio general que deberíamos respetar a menos que haya sólidas objeciones para sostener lo contrario. No coincido con aquellos libertarios que desean transformarlo en un derecho absoluto.
A la vez, a mi juicio creo que también podemos defender la eutanasia en otros terrenos éticos. Por ejemplo, toda vez que sea posible, tenemos el deber de reducir el sufrimiento innecesario, aplicándolo a los individuos independientemente del derecho a la libre elección. Sin embargo, el derecho a la privacidad implica que una persona debería tener potestad sobre su cuerpo, su nutrición y salud, y, en lo posible, que se le debería consultar sobre el tratamiento de sus propias enfermedades. Ello supone un principio de autodeterminación con respecto a los problemas que surjan en el contexto del tratamiento médico. Este principio se aplica a la eutanasia. Aquellos individuos que están agonizando, gravemente enfermos, deberían tener el derecho de negarse al tratamiento y pedir ayuda para aliviar el sufrimiento y adelantar la muerte.
Deseo destacar que la eutanasia voluntaria se aplica sólo a personas moribundas, es decir, sólo a la gente con enfermedades terminales o con lesiones que la lleven a estados terminales. No se aplica a todo el mundo en cualquier circunstancia. Mi punto de vista es que no se puede utilizar la eutanasia a menos que la persona ya haya entrado en el proceso de la muerte. Llegado este punto, el moribundo decide -según su criterio- que su calidad de vida se ha deteriorado tanto que no quiere seguir viviendo y sufriendo y, habiendo sopesado las opciones, decide morir.
Estas consideraciones se aplican, por supuesto, a la eutanasia pasiva. Es difícil comprender cómo alguien podría oponerse a la eutanasia pasiva. Supongo que en el debate actual casi todo el mundo apoya algún tipo de eutanasia pasiva, lo cual significa que no se debería apelar a ningún medio extraordinario para mantener viva a una persona que se opone a seguir viviendo.
A mi modo de ver, debería suceder lo mismo con la eutanasia activa. Aquí reside hoy el eje de la controversia. ¿Qué significa eutanasia activa? Uno podría preguntarse si una sociedad pluralista y democrática, que nos permite elegir y optar, debería conceder a una persona que se está muriendo o tiene una enfermedad terminal y pide ayuda para adelantar el final de su vida, que se cumpla su voluntad. Ello se puede implementar incrementando las dosis de analgésicos o retirando la nutrición por S.N.G. o cualquier otro sistema de soporte artificial. Lo que resulta difícil es marcar el límite entre eutanasia activa y pasiva. Para ser claros, vayamos a un extremo: eutanasia activa significa que si alguien está agonizando y ruega para que lo ayuden a morir en paz y con dignidad, tenemos la obligación moral -y tal vez el derecho legal- de reconocer dicha elección voluntaria.
Según mi opinión, sería mejor si todos estos asuntos se mantuvieran en privado, dentro de la familia, y se dejara a los individuos decidir por sí mismos consultando a sus médicos. Tanto la eutanasia activa como la pasiva se vienen practicando desde tiempos inmemoriales. El problema se ha exacerbado recientemente porque mucha gente -que en condiciones normales habría muerto- puede seguir viviendo mucho más tiempo que en el pasado debido al poder de la ciencia y la tecnología modernas. Es precisamente el tremendo progreso de la ciencia moderna lo que nos ha llevado a este dilema moral. La verdadera pregunta no es si deberíamos dejar morir a una persona sino si deberíamos permitir que se la mantenga viva. En ambos casos estamos interviniendo en procesos naturales. Creo que podemos y debemos hacerlo. Con todo, es preferible que esta decisión permanezca en el ámbito privado. Pero -considerando que pueden existir malos usos y abusos- la sociedad se debe comprometer para que nadie abuse de los derechos de las personas y nadie viole el derecho a la vida. Por lo tanto, necesitamos una protección legal elaborada democráticamente.
Finalmente es recomendable establecer y registrar dicha expresión sobre la ultima voluntad en un documento de instrucciones previas, testamento vital u otras herramientas, así como de manera verbal, lo que evitaría conflictos (como el encarnizamiento terapéutico) que no contribuyen a mantener una calidad de vida y de muerte.

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